Wolters Kluwer firma un convenio con la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC)

Wolters Kluwer, compañía global especialista en el mercado de soluciones de gestión y servicios de información, formación y software para profesionales, ha alcanzado en España un acuerdo de colaboración con la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) para la difusión de información de interés profesional, artículos, tribunas de opinión, organización de foros de debate que permitan el intercambio de opiniones, y actividades de formación para los profesionales de la Administración Concursal.

Tras la firma de este acuerdo, Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer Legal & Regulatory España y Portugal, ha destacado que “en un contexto de reformas normativas concursales y de cambio de ciclo económico, para Wolters Kluwer es especialmente interesante la firma de este acuerdo con ASPAC. Escuchar e interactuar con administradores concursales nos ayuda a mejorar sus herramientas de trabajo y su práctica profesional, de gran trascendencia en las reestructuraciones de las empresas”.

Por su parte, Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), ha señalado que “nos alegra firmar este acuerdo de colaboración con Wolters Kluwer. Estamos convencidos de que las diferentes actividades que realizaremos con ellos serán muy productivas para dar valor a la figura del administrador concursal y lo que aporta a la economía y a la sociedad”.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales es la organización referente en España fundada para comunicar el valor que la profesión aporta a la sociedad y a la economía. Agrupa a un colectivo amplio de los administradores concursales de toda España que gestionan algunos de los principales concursos declarados en el país. Su misión principal es el ejercicio constante de la representación de los administradores concursales, con el objetivo de desarrollar y divulgar la función de la administración concursal, colaborar y gestionar ante la Administración Pública cualquier iniciativa en relación a la mejora y defensa de las funciones propias de la profesión, trabajar en potenciar cuantas actividades se estimen oportunas encaminadas a la formación de los administradores y hacer especial hincapié en el control de la deontología profesional.

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