El esfuerzo es encabezado por el diputado Eric Massa, un demócrata del Estado de Nueva York que se crió en la Argentina cuando su padre era Agregado Naval de los Estados Unidos en Buenos Aires. También presentaron la legislación los diputados Paul Tonko (demócrata, Nueva York), Robert Wexler (demócrata, Florida), Timothy Bishop (demócrata, Nueva York), Carolyn Maloney (demócrata, Nueva York), Dan Maffei (demócrata, Nueva York) y Mike McMahon (demócrata, Nueva York).
El proyecto de ley, denominado Judgment Evading Foreign States Accountability Act of 2009 (Ley de Responsabilidad de Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales 2009), excluiría de los mercados de capitales de EE.UU. a cualquier nación que no cumpla veredictos judiciales de los Estados Unidos por más de US$100 millones durante más de dos años. La legislación también exigiría al gobierno de los Estados Unidos considerar el estado de incumplimiento de estos países antes de concederles ayuda.
«La Argentina está desconociendo miles de millones de dólares en veredictos de tribunales estadounidenses, lo cual no solo ha perjudicado a ciudadanos estadounidenses, sino también argentinos», declaró Robert Raben, director ejecutivo de ATFA. «Los contribuyentes estadounidenses siguen esperando que se les devuelva dinero que prestaron a la Argentina de buena fe. Al mismo tiempo, la Argentina carga con la reputación de un moroso porque su gobierno no cumple los fallos judiciales. Esta legislación debería allanar el camino para una resolución justa para ambos países».
En el año 2001 la Argentina incumplió el pago de US$81.000 millones en obligaciones a los inversores, el mayor default de deuda soberana de la historia. En el 2005 la Argentina ofreció a los tenedores de bonos 27 centavos por dólar por la deuda pendiente, muy por debajo de la norma internacional para las reestructuraciones de deuda soberana. La Argentina repudió sus deudas al 50% de los prestamistas extranjeros que declinaron la oferta. Los tribunales estadounidenses han fallado en favor de estos tenedores de bonos que quedaron fuera del canje («holdout») en numerosos casos, pero el gobierno argentino se ha negado a pagar sus deudas y ha elegido el incumplimiento de esos fallos.
«La presidenta Kirchner dijo varias veces que está dispuesta a negociar con los tenedores de bonos, pero no hemos visto ninguna acción al respecto», dijo Raben. «La Argentina tiene reservas por US$45.000 millones y puede pagar sus US$3.500 millones en deudas a los tenedores de bonos estadounidenses muchas veces. Es hora de resolver este problema para beneficio de ambas naciones».
En el año 2006 un equipo de economistas argentinos llegó a la conclusión de que el estado de incumplimiento del país hace que este pierda más de US$6.000 millones en inversiones extranjeras directas anualmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en febrero de 2009 que las deudas no resueltas de la Argentina, y los fallos judiciales resultantes, han creado un clima de riesgo para los inversores estadounidenses.
La negativa argentina a resolver sus deudas pendientes puede estar estableciendo un precedente en la región. Hace unos meses Ecuador incumplió el pago de más de US$3.800 millones en obligaciones a inversores extranjeros, citando a la Argentina como modelo.
La legislación presentada hoy se propone estimular los préstamos responsables, respaldar el imperio de la ley y mejorar la responsabilidad internacional:
— negando acceso a los mercados de capital de los Estados Unidos a la Argentina y otros estados extranjeros que hayan incumplido fallos judiciales estadounidenses por más de US$100 millones durante más de dos años;
— negando acceso a los mercados de capital de los Estados Unidos a las corporaciones nacionales del estado extranjero incumplidor de los fallos que siga en default durante más de tres años;
— exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que considere el estado de incumplimiento de los países antes de concederles ayuda; y
— exigiendo al Secretario del Tesoro que publique informes anuales en los que se mencione a estos estados y se analice el impacto de su conducta sobre la economía estadounidense.
La legislación no afectaría a las naciones pobres, incluso a aquellas candidatas a financiamiento o ayuda de la Asociación Internacional de Fomento (International Development Association) a través de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) del Banco Mundial o la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (Multilateral Debt Relief Initiative).
