El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró esta tarde que Argentina seguirá llevando adelante todas las acciones tendientes para continuar bajando los precios de tratamientos contra el virus del VIH/SIDA, «trabajando con los países latinoamericanos en la negociación de precios con los laboratorios y fundamentalmente invirtiendo esfuerzos en la fabricación propia de medicamentos», aludiendo a los acuerdos iniciados en 2006 con Brasil.
Según González García estas iniciativas permitirían lograr una reducción en el gasto de «más de cien millones de dólares anuales, lo que serviría no para ahorrar plata sino para lograr que más personas accedan a más y mejores tratamientos».
El funcionario formuló estas declaraciones en el marco del «IV Foro de Latinoamérica y del Caribe 2007 en VIH/SIDA e ITS», un encuentro internacional organizado por la cartera sanitaria nacional, al que se encuentran asistiendo más de 3000 representantes de organizaciones sociales de todo el continente.
«Con Brasil somos los mayores compradores mundiales de medicamentos (contra el VIH/SIDA), porque en nuestros países el Estado cumple un rol que en otros países no tiene», dijo el ministro al tiempo que aseguró que, en la Argentina, «estamos gastando 370 millones de pesos en toda la estrategia de prevención, promoción y garantía de acceso a tratamientos y los reactivos, sin incluir los costos de la atención médica propiamente dicha».
Recordó además que en el comienzo de su gestión la cartera a su cargo repartía «tan sólo 600.000 preservativos anuales y durante 2006 se repartieron 40 millones de profilácticos, en el marco de un incremento del 300% en las actividades de promoción y de prevención».
Durante la rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, González García calificó como «una extorsión a la democracia» el fallo del Juez Civil y Comercial Alejandro Saint Genez, quien dictara una medida cautelar ante el recurso de amparo presentado por un laboratorio extranjero prohibiendo la producción y venta de una medicación de uso antirretroviral, denominada genéricamente como «didanozina».
Según González García «este es un hecho grave que va en contra de la ley» explicó que «La ley de patentes dice que debe ser consultada con opinión de peritos de las partes. Obviamente que siendo comprador prácticamente único el Ministerio de Salud, esta es una de las partes, además del laboratorio incluido. No hemos sido consultados y produjo una medida cautelar que nos impidió comprar el medicamento, el 6% de los enfermos que reciben tratamiento gratuito usan este medicamento, con lo cual involucra a más de 1.800 personas. Entonces hoy no tenemos el medicamento. Las compras de persistir esta actitud tienen que ser hechas al monopolio de la empresa que ha usado un artilugio. De manera tal que eso les va a costar a los argentinos 2 millones y medio de pesos por año. Acá se están defendiendo los derechos de un laboratorio y no los derechos del resto que son los más débiles.»
«Una democracia tiene que garantizar la accesibilidad y tiene que garantizar la integración. Si uno como Estado, no por razones de intención política sino por razones de un precio exponencial, que además se viene incrementando de una manera tremenda, encuentra incapacidad de darle igualdad ante la necesidad a sus ciudadanos, realmente se le debilita la razón de ser del propio Estado. Esto es un problema de todos y es un problema político. Los únicos dos casos que se puede conjeturar con esto son SIDA y el año pasado fue con Gripe Aviar. Esto es mucho más que una cuestión de mercado es una cuestión de las sociedades contemporáneas ante una epidemia que es la más grande que tiene el mundo moderno».
Para mayor información: www.forovihsida2007.org
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