Energía y Cambio Climático en la Argentina: la profundización del problema

Por el Ing. Edgardo Cuk, Director de Calidad de Schneider Electric Argentina

Estudios desarrollados por investigadores argentinos demostraron que durante el periodo 1960-2010 se observó un aumento de la temperatura media en la mayor parte de la República Argentina, de alrededor de 0,5 °C y superando 1°C en algunas zonas de la Patagonia, registrándose también un aumento de los días con olas de calor y una reducción en el número de días con heladas. En lo que respecta a la precipitación, se produjeron los mayores aumentos en el este del país, ocasionando inundaciones de gran impacto socioeconómico. En áreas semiáridas, se observó una disminución de las precipitaciones en la zona cordillerana y una disminución de los caudales de los ríos Cuyanos.

La vulnerabilidad frente al cambio climático cobra relevancia considerando que la actividad agropecuaria ocupa un lugar importante en la economía del país.

Este hecho adquiere aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta que Argentina es un país con protagonismo en la producción y provisión de alimentos a nivel mundial y juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria global.

Con la llegada del calor toda la infraestructura está siendo puesta a prueba y pareciera que lo disponible no alcanzará para las expectativas de consumo de este verano.

Actualmente, la matriz energética argentina es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. En 2014, sobre un total de 85,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo utilizadas en el año, el gas natural representó el 52,4%, y el petróleo el 32,3%. Solo el 1% de la energía utilizada es renovable.

La producción de petróleo decreció año tras año. Las reservas comprobadas de petróleo son iguales en magnitud a las que el país tenía en el año 1970; las reservas de gas natural son hoy la mitad de las que el país tenía en 1983. Como consecuencia, el país ha perdido el autoabastecimiento energético y se ha transformado en un fuerte importador de energía. La vulnerabilidad energética de la Argentina, medida como importaciones de energía (en miles de Dólares) sobre el Producto Interno Bruto (PIB) o como importaciones de electricidad (GWh) sobre Generación de electricidad local (GWh) o con otros indicadores similares, se ha incrementado en los últimos años.

Las reformas estructurales iniciadas hacia principios de la década de los 90 implicaron el traspaso al sector privado de la casi totalidad de los servicios públicos, entre ellos los correspondientes al sector energético.

La generación es producida por compañías privadas y estatales, dentro de un mercado eléctrico competitivo y mayormente libre, con el 75% de la capacidad instalada total en manos privadas. La parte en poder público corresponde a la generación nuclear y a las dos plantas hidroeléctricas binacionales. El sector de la generación está altamente fragmentado, con más de diez grandes compañías. Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista. Los sectores de la transmisión y la distribución están altamente regulados, y son menos competitivos que el sector de la generación.

El ejemplo de Argentina demuestra claramente que el agotamiento de las fuentes de combustibles fósiles puede estar más cerca de lo que se imagina. Cuando la política energética del país está pautada en fuentes no renovables y la demanda crece, hay que considerar un planeamiento energético de largo plazo en función de la economía. La combinación de la intervención estatal en los precios con una generación predominantemente agotable, llevó Argentina a este escenario.

En resumen, estas condiciones llevaron el país a una progresiva baja de las reservas de combustibles fósiles, frente al incremento de la demanda.

Con relación al acceso a la energía, más del 98% de los hogares de Argentina tienen acceso a la electricidad de redes. Aunque no exista una normativa concreta que plantee objetivos relacionados con el acceso a la energía, hay un objetivo, aún no formalizado en una norma, de lograr que el 100% de la población pueda tener acceso a la energía eléctrica. Si bien este objetivo está muy cercano, el hecho de que aproximadamente medio millón de ciudadanos sin acceso a la red viven en zonas remotas y aisladas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, dificulta la definición de un plazo para alcanzarlo.

Últimamente, también se han desarrollado proyectos de mini redes que prestan el servicio eléctrico, y, mediante la componente térmica del proyecto, se instalaron cientos de sistemas termo-solares en escuelas y servicios públicos que se utilizan para la cocción de alimentos y para agua caliente sanitaria.

Para universalizar el acceso a la energía en Argentina, se deberán buscar fuentes renovables de la misma, que representen un avance desde punto de vista climático ya que no se utilizarán combustibles fósiles para proveer electricidad a los hogares que aún no la tienen. Apuntar a miles de viviendas, escuelas y establecimientos de servicios públicos atendidos con energía solar o eólica.

Las líneas estratégicas claves de la política de promoción de la eficiencia energética en la Argentina deben considerar el desarrollo de marcos regulatorios que propicien medidas de eficiencia energética en los Edificios Públicos de la Administración Pública Nacional, diseño apropiado de la organización institucional que lleve a los diferentes actores interesados al desarrollo del mercado de eficiencia energética, concientización, difusión y educación de los consumidores, profesionales y público en general en Ahorro y Eficiencia Energética. También deberán prever la estimulación del mercado mediante incentivos económicos, disponibilidad de mecanismos financieros apropiados, Por último, se toma en consideración el fomento de la investigación y el desarrollo en el campo de la Eficiencia Energética en Edificios Públicos, junto con el diseño y puesta en marcha de un sistema de información sobre metodologías y tecnologías disponibles, costos y beneficios de la mayor eficiencia energética.

En Septiembre de 2015 se sancionó el marco legal para balancear la matriz energética, que establece que en 2017 el país deberá contar con el 8% de su generación eléctrica a partir del viento, el sol o las pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otras fuentes renovables. La norma, además, impulsa a que en 2020 ese porcentaje ascienda al 20%.

En el corto plazo, como en otros países de la región, se implementó el reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en todas las viviendas del país, además del establecimiento de un régimen de etiquetado de eficiencia energética destinado al desarrollo e implementación de estándares de eficiencia energética mínima para ser aplicados a la producción, importación y comercialización de equipos consumidores de energía. Además, Argentina ha innovado en la educación de los niños en edad escolar en particular, con el fin de transmitir la naturaleza de la energía, su impacto en la vida diaria y la necesidad de adoptar pautas de consumo prudente.

La eficiencia energética representa la única iniciativa accionable para contribuir a la reducción de la demanda, y por lo tanto al déficit de energía. Sin embargo, no existe actualmente un incentivo que fomente a los sectores públicos o privados al ahorro de energía y en la mayoría de los casos se trata de iniciativas aisladas. En el sector privado, pocas empresas multinacionales deciden implementar acciones de eficiencia energética para cumplir con iniciativas corporativas de sustentabilidad. Solamente 7 empresas en territorio argentino tienen la certificación ISO50001, entre ellas, Schneider Electric Argentina.

En el sector energético se definieron dos ejes centrales: la diversificación de la matriz energética y la promoción del uso racional y eficiente de la energía. En tal sentido, el país cuenta con una estructura normativa y con planes estratégicos a largo plazo que promueven, entre otras medidas, una mayor participación de fuentes renovables no convencionales: la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles. Asimismo, se han establecido un conjunto de programas y acciones destinadas a la reducción de la intensidad energética del consumo.

El reemplazo gradual de los subsidios, que motive la inversión de riesgo en nuevas tecnologías, la migración hacia una generación que use más fuentes renovables y la fijación de incentivos a las iniciativas de eficiencia energética, serían una opción razonable en el mediano plazo. Mientras se desarrollan las inversiones en fuentes renovables, en el campo de la eficiencia energética, las soluciones y tecnologías para alcanzar el ahorro de hasta un 30% de ahorro energético ya están disponibles.