El avance de la inteligencia artificial trajo consigo desarrollos que plantean dilemas legales inéditos. Entre ellos, los deepfakes —piezas audiovisuales que simulan realismo mediante la manipulación de imagen, voz y video— generan riesgos crecientes para la privacidad, la reputación y la identidad digital de personas y organizaciones. Según el Deepfake Global Interest Report sobre tendencias digitales, Argentina registró 713 búsquedas por cada millón de habitantes en el último mes de 2024, lo que evidencia una alta exposición a contenidos potencialmente falsos.
El tema fue abordado en el XXIII Congreso de ASIPI, donde las doctoras María José Rodríguez Macías y Fabiana Fernández, especialistas en IP&IT, participaron del panel «Los deepfakes y sus graves implicaciones a la luz del derecho a la intimidad». El espacio de debate analizó cómo esta tecnología desafía derechos fundamentales como la imagen, la privacidad y la reputación en entornos digitales, y la necesidad de respuestas jurídicas y éticas a la altura del fenómeno.
«Se requieren marcos regulatorios que evolucionen con suficiente velocidad para proteger tanto a las personas como a las empresas frente al uso indebido de su identidad o activos intangibles», señaló Fernández. Por su parte, Rodríguez Macías destacó que «la IA está generando un cambio de paradigma tanto en la producción como en la circulación de contenidos», y subrayó que «el verdadero desafío es equilibrar las bondades de la innovación frente a la protección de derechos, redefiniendo sus límites en cuanto al uso legítimo de la imagen, voz e identidad digital».
El avance de los deepfakes expone vacíos normativos que obligan a repensar la aplicación de derechos digitales, leyes de propiedad intelectual y normas sobre responsabilidad en plataformas. En ese contexto, el asesoramiento especializado cobra relevancia para prevenir vulneraciones y diseñar políticas que mitiguen riesgos reputacionales y jurídicos. El debate impulsado por ASIPI reafirma la necesidad de cooperación entre expertos legales, tecnólogos y autoridades regulatorias para garantizar un entorno digital más seguro, ético y transparente.
Las reflexiones surgidas en el congreso se enmarcan en la labor de Brons & Salas, estudio jurídico internacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 50 años de trayectoria, especializado en el asesoramiento a empresas multinacionales y clientes locales en diversas industrias y segmentos de negocios.








