Desde sus comienzos en el año 2003 hasta la fecha han participado en este programa cerca de un centenar de jóvenes cuyas edades abarcan entre los 14 a 17 años de edad. De todos ellos el 90% ingresa por derivación judicial directa (Tribunales de Menores) y el porcentaje restante es derivado por organismos estatales (por ejemplo el Centro de Referencia Penal), lugares de internación con régimen semiabiertos en donde realizan actividades en la comunidad, o bien por programas de prestación de servicios a la comunidad (iglesias u hogares).
De los registros del programa se desprende que el 85% de los jóvenes, ingresa por delitos contra la propiedad (robo, tentativa de robo, hurto), mientras que el 10% varía en delitos tales como: resistencia a la autoridad, homicidios, tentativa de Homicidio, lesiones, abuso sexual, portación de armas, etc. Y el 5% restante corresponde a jóvenes derivados por cuestiones asistenciales: consumo de drogas, alcohol, reiteración de conflictos en el ámbito del hogar o la escuela, fugas del hogar, situación de calle, todos con experiencia previa en infringir la ley (situación de vulnerabilidad socio penal). Cerca del 50% de los jóvenes, han tenido experiencias de internación en institutos penales, llegando al programa de manera progresiva.
El total de la población de jóvenes que asisten al programa esta relacionado a familias con problemáticas de violencia familiar o disfunciones vinculares, abandono, fallecimiento, situaciones graves de pobreza y exclusión social. Y cerca del 90% de ellos tuvo la experiencia previa de estar judicializado por ser víctimas de este tipo de problemáticas asistenciales.
En cuanto al aspecto educativo se observa un alto porcentaje (90%) de deserción escolar y repitencia, desapareciendo el objetivo de finalizar la escuela como proyecto de vida. De igual modo se observa en porcentaje similar que no hay una adecuada inserción social, careciendo de proyectos a corto o mediano plazo.
En cuanto a los resultados observables respecto del abordaje del programa, surge como indicador significativo la dificultad que poseen los jóvenes para sostener un espacio propio que los implique desde su propia historia, ya sea en tratamientos psicológicos individuales, espacios grupales, interacción con sus pares y la escasa o pobre implicancia familiar en el acompañamiento a este proceso.
Por otra parte surge que hay mayor participación e interés en actividades que los encuadre en un rol de mayor protagonismo donde pueda expresar opiniones y sentimientos.
Si bien no hay un seguimiento sistemático de jóvenes que ya no asisten al programa, el porcentaje de reincidencia al circuito penal es bajo, de acuerdo a los datos que se obtienen mediante contactos con la familia.
En cuanto al tipo de inserción social puede vislumbrarse que un 60% de los jóvenes son derivados a programas de inserción laboral (PROA) en donde pueden emplearse legalmente previo sostener un espacio de participación, mientras que el restante 40% consigue trabajos por cuenta propia, siendo la mayoría de ellos trabajos temporarios no calificados (changas).
“De acuerdo a los datos brindados puede vislumbrarse una ausencia importante de políticas sociales destinadas a la población adolescente y dentro de ellas ausencia de políticas destinadas a la protección de las familias. Teniendo en cuenta la realidad social de creciente desigualdad, que genera una exposición de niños y adolescentes a situaciones de violencia que conlleva a la exclusión social y abandono, que a su vez funcionan como causas básicas generadores de situaciones de alta vulnerabilidad social.
Redescubrir potencialidades en los jóvenes impulsando y fomentando la adquisición de valores que puedan favorecer su inserción social es parte de los objetivos de este programa, en forma conjunta con la búsqueda de espacios institucionales de inserción donde puedan verse restituidos sus derechos vulnerados: educación, trabajo, crecer y desarrollarse en una familia con vínculos sanos, a la salud, a ser escuchados y comprendidos y a tener en cuenta su opinión” concluye María Beatriz Müller, directora de Salud Activa.
