La III Cumbre Mundial de Medios de Comunicación sobre Propiedad Intelectual ha aportado conclusiones que han sido aplaudidas por los más de 300 asistentes, y que han puesto el broche de oro a dos intensas jornadas de debate sobre el estado y las perspectivas de futuro de la Propiedad Intelectual.
Organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), y la Federación Latinoamericana de la Magistratura (FLAM)- que ha reunido a jueces, fiscales, políticos y representantes de los medios de comunicación de toda Europa, América Latina Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Venezuela y EE.UU.
La celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el jueves, 3 de mayo, marcó el desarrollo de toda la Cumbre, especialmente, el de la segunda jornada, en la que se entregó el reconocimiento internacional “Libertad de Expresión 2012″ al diario ecuatoriano El Universo, recogido por Pedro Valverde, asesor jurídico del Grupo Universo. Este premio representa el apoyo de la comunidad latinoamericana a la presión totalitaria que desde el gobierno ecuatoriano se realizó a la prensa libre de ese país.
Por su parte, el eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, recogió el reconocimiento por su compromiso con la libertad de expresión y los valores de la democracia, de manos de Antonio Sola, vicepresidente primero de CERTAL.
Durante su conferencia magistral, el eurodiputado señaló que “hoy estamos llenos de datos, pero cada día se pone de manifiesto que nos falta un diagnóstico profundo de lo que nos sucede… y, por ello, estamos llenos de datos, pero huérfanos de ideas”. Insistió en que “vivimos una crisis más profunda que una crisis económica, vivimos una crisis de valores, de cimientos, provocada por el relativismo, que proyectan rasgos de decadencia y de debilidad por no compartir suficientes valores y, por ello, los ofensores se atreven a atacarnos con cierto desparpajo como nunca lo habían hecho con antelación”. De esta forma, incidió en que existe una crisis de valores enraizada que requiere que hagamos un diálogo trasatlántico de valores.
Durante las dos jornadas, se han desarrollado varias mesas de debate que han puesto de manifiesto la opinión sobre la situación actual de los medios de comunicación, en concreto, en relación con la libertad de expresión y con la propiedad intelectual.
De esta forma, se han reseñado las siguientes conclusiones:
· La Justicia y los medios de comunicación son la esencia de la libertad. No existen medios libres en sociedades que no son libres. La democracia es un elemento esencial para el desarrollo de las sociedades y el único que provee un marco adecuado. Por lo tanto, hay que valorizar la democracia de manera que se logre la existencia de información, opinión y la independencia del poder judicial. En este sentido, se apoyará y se fomentará el respeto a los medios de comunicación, y con la independencia y autonomía del poder judicial.
· Asimismo, es necesario fomentar el conocimiento y las relaciones entre la magistratura y los medios de comunicación, para cubrir el desconocimiento mutuo existente y para lograr que ambas instituciones reconozcan y comprendan los códigos de actuación del otro.
· Es un hecho que estamos en un nuevo mercado, un nuevo entorno competitivo, en el que la industria de contenidos debe generar su espacio para poder competir. El negocio va hacia el lema de: todos los contenidos, en todos los dispositivos, en cualquier lugar y en cualquier momento; pero, para ello, hace falta masa crítica e inversión.
· Los esfuerzos en la lucha contra la piratería de señales no serán suficientes si falta la participación de alguno de los actores de la cadena de valor que hacen posible la existencia de la TV paga.
· La colaboración de todos los actores (gobierno, medios de comunicación, magistratura, programadores) es fundamental también para contrarrestar la piratería. Hay que terminar con un problema que está sobre diagnosticado y que vive radicado culturalmente en la ciudadanía como un falso derecho, una cultura que ha convertido al responsable de una actividad delictiva que supone un roba a ser un héroe social.
· Se debe promover la implantación de soluciones eficaces basadas en el entendimiento de los actores a nivel local y regional, armonizando la legislación con el contexto internacional, para evitar paraísos delictivos o santuarios de impunidad; la necesidad de delimitar esta realidad cualitativa y cuantitativamente, definiendo el espacio de protección penal y el espacio de actuación del estado.