Esta situación es un riesgo para los consumidores porque los dispositivos que adquieren pueden fallar poniendo en riesgo sus vidas y bienes. En este sentido, se pone a disposición de las autoridades de los organismos de contralor con el convencimiento de que se pondrán en marcha los controles correspondientes.
La resolución 92/98 obliga a fabricantes e importadores a certificar sus productos, indicando que cumplen totalmente con la norma específica en sus detalles constructivos y con los ensayos requeridos. Es la norma que garantiza su funcionamiento y que su uso es seguro. “Nos preocupa que se permita la comercialización de estos productos que no resisten ningún ensayo o que no cuentan con las certificaciones pertinentes. Estamos convencidos que la nueva gestión del área de Lealtad Comercial pondrá en marcha los controles que no se han hecho hasta ahora», afirmó Ramiro Prodan, presidente de CADIEEL.
CADIEEL, denunció en diferentes ocasiones, a partir de inspecciones que realizó, que se comercializan productos con irregularidades tanto en comercios minoristas como en grandes superficies. En todos los casos las denuncias fueron acompañadas de los productos defectuosos, sus facturas de compra y los ensayos de calidad que demostraban el riesgo de estos elementos.
Además,
se presentan a inspección productos que están en regla para poder conseguir la certificación, pero que luego son importados productos con prestaciones inferiores e inseguros para el usuario.
Se pudo observar el uso inapropiado del sello de producto seguro, una práctica que de prosperar hará que esta herramienta de orientación al consumidor pierda su credibilidad y su eficacia.
Se comercializan productos ilegales como los “adaptadores” y tomacorrientes de dos pernos redondos que están expresamente prohibidos. En este sentido, fuentes del mercado señalaron que cada año se comercializan aproximadamente medio millón de estos tomacorrientes.
La Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal informó que el 40 por ciento de los incendios producidos en 2006 en la ciudad de Buenos Aires tuvieron su origen en desperfectos eléctricos, mientras que diversos estudios privados estiman que se producen 1.500 muertes anuales por causas eléctricas.
