Como parte de esta acción de la justicia durante los últimos meses se realizaron operativos en Galerías Jardín y los barrios de Tribunales y Villa devoto en la Ciudad de Buenos Aires. Los allanamientos llegaron también al interior del país en las ciudades de Rosario y Mendoza incautándose en empresas dedicadas a la venta de PCs software ilegal por un total de 841.900 pesos.
Miguel Sciancalépore, Representante Legal de Microsoft de Argentina señaló “Acompañamos a la justicia en la protección de la propiedad intelectual con el objetivo claro de brindar seguridad tanto a los usuarios engañados en su buena fe que esperan recibir software original de calidad y se encuentran con copias que contienen código malicioso o malware, como a los comerciantes que desarrollan sus actividades en el marco de la ley y se ven altamente perjudicados por la piratería. Creemos que vale la pena coordinar esfuerzos para terminar con las redes actuales de delincuencia y apoyar entre todos a la industria de software local en su decisión de invertir en investigación y desarrollo de nuevos productos que beneficien a la economía en su conjunto”
A nivel global, la piratería roba a la industria de software casi 400.000 mil millones de dólares al año. Según un estudio de la consultora especializada IDC patrocinado por la BSA si la tasa de piratería disminuyera tan sólo 10 % a lo largo de cuatro años, se generarían 600 mil nuevos empleos, y 24 mil millones de ingresos fiscales adicionales para la economía mundial. En la Argentina, en particular, si se lograra reducir 10 puntos la tasa de piratería que actualmente es del 74%, el sector de IT puede crecer de 1.900 millones de dólares actuales a 4.600 millones de dólares en 2009, ayudando a liberar el potencial creativo de sus trabajadores.
Cada producto ilegalmente instalado o copiado afecta directamente, no sólo a la empresa productora, sino también a los programadores, distribuidores, revendedores y vendedores nacionales. Esta ilegalidad, provoca la disminución de las ventas, entorpece la innovación y perjudica los incentivos económicos necesarios para la creación de nuevos programas y aplicaciones.