Nuestro sistema de Parques Nacionales comienza a formarse hace 112 años, a partir de las leguas que donó en 1903 el Perito Francisco Pascasio Moreno a la Nación en el área de Puerto Blest, en el actual Parque Nacional Nahuel Huapi.
Esas tierras se convirtieron en un Área Protegida Nacional recién treinta y un años más tarde, en el año 1934. Estos procesos legales, que pueden parecer demasiado “lentos”, permiten asegurar una serie de resguardos necesarios a la hora de conservar la diversidad natural y cultural en un determinado territorio. Por ello es que la intervención de las Legislaturas Provinciales y de ambas Cámaras del Congreso Nacional es indispensable para la validación democrática de estas construcciones consensuadas. Ese es el camino con el que incorporamos 10 nuevas Áreas Protegidas Nacionales al sistema desde el año 2003.
Por otra parte, la vinculación de los Parques Nacionales con la actividad turística lleva más de 80 años de historia, con la consiguiente inversión en infraestructura de servicios en diversos puntos del país, que se han transformado en destinos de renombre internacional, como es el caso de San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, entre otros. El Estado planificó y desarrolló estos espacios de recreación que hoy disfrutan millones de personas cada año.
«Ese legado hoy nos impulsa a repensar las estrategias de abordaje a los nuevos desafíos: una mejora sustancial en la calidad de la visita y una profundización en los conceptos ambientales que se transmiten al turista durante su experiencia en la naturaleza, para transformar cada una de las áreas de uso público en verdaderas “aulas” para la concientización. Es una tarea indelegable que asumimos, junto a los dos mil agentes nacionales de conservación que aportan su esfuerzo cotidiano para este fin», aseguró Carlos Corvalán, Presidente de la Administración de Parques Nacionales.
«En ese sentido, es trascendente promover la puesta en valor de las culturas y de la historia común de cada uno de esos entornos naturales milenarios, para incorporar desde sus raíces a los actores locales, tomando la inclusión social y el desarrollo equitativo como componentes esenciales de las políticas públicas de conservación», concluyó Convalán.
